En España está
consolidándose la sociedad dual, esto es, dos estados dentro del Estado,
compuesto uno por los ciudadanos con trabajos prósperos y seguros y el otro,
por un conjunto de desempleados, marginados y empleados con trabajos precarios
o insuficientemente retribuidos.
Esta configuración social
se asienta en una crisis económica que está dejándose sentir con una especial
intensidad y se refleja, sobre todo, en unas tasas de desempleo dramáticas.
En esta situación, no es posible pensar en fórmulas de manual, ni
parece que la etapa post-crisis vuelva a ser igual que antes de ella.
Pretender, en este
contexto, un crecimiento neto sostenido del gasto social es complejo; intentar
su mantenimiento, es éticamente prioritario. Las demandas sociales sobre el
Estado del Bienestar son crecientes. La priorización y/o discriminación
positiva de las demandas parece la única estrategia razonable.
El mantenimiento y
revitalización del estado de bienestar requiere que una base social
identificable apoye activamente sus propuestas de avance.
