Es
bien sabido que las Instituciones del Bienestar forman parte de las señas de
identidad del pensamiento socialdemócrata con la misma fuerza con que el
mercado lo hace en cuanto a la ideología liberal.
No
es de extrañar, por tanto, que hoy en día el ámbito de los servicios públicos
sea el escenario del debate ideológico donde las dos opciones pugnan por
imponer sus lógicas.
Ante
una crisis como esta, soy partidario de poner límites a lo superfluo para
consolidar lo esencial. Lo superfluo, se ha desarrollado por un déficit
planificador de tal suerte que hoy nos encontramos con instrumentos obsoletos,
muy costosos y sin utilidad que solo han respondido a intereses concretos, en
ocasiones espurios, amparados por el demagógico “todos tenemos derecho a todo y
a la puerta de casa”.
Entiéndase
bien, no estoy diciendo que poner límites sea el primer paso para otras
estrategias. Abordar los puntos débiles del sistema es hacerlo menos vulnerable.
Las
demandas sociales sobre el Estado de Bienestar son crecientes y la priorización
y/o discriminación positiva de las mismas es la única estrategia razonable para
poder atender más integralmente las demandas de los sectores más desprotegidos.
Los
condicionantes económicos, la eficiencia distributiva y la capacidad técnica
han de ser el trípode sobre el que construyamos la salida a la situación
actual. Siempre desde el estímulo al potencial productivo y la aplicación del
esfuerzo personal como ética colectiva y garantía de equidad.
Es
bien sabido que las Instituciones del Bienestar forman parte de las señas de
identidad del pensamiento socialdemócrata con la misma fuerza con que el
mercado lo hace en cuanto a la ideología liberal.
No
es de extrañar, por tanto, que hoy en día el ámbito de los servicios públicos
sea el escenario del debate ideológico donde las dos opciones pugnan por
imponer sus lógicas.
Ambas
visiones compiten para obtener la adhesión de los ciudadanos; pero también
deben competir en el terreno de la eficacia y de la eficiencia, porque los
recursos son cada vez más escasos en relación no solo con las demandas, sino
también con las necesidades de los ciudadanos.
Es
necesario señalar que sin suficiencia y control financiero, eficiencia
económica y legitimación social, el Estado de Bienestar de España tendrá dificultades
serias a corto plazo, porque ya no es posible sostener una política de protección
social sólo a partir de la capacidad normativa.
Es,
pues, un problema esencialmente político que debe ser resuelto en ese ámbito,
como responsable de la definición y de la orientación estratégica del sistema. En
modo alguno puede definirse de hecho en los ámbitos de la gestión, lo cual no
es infrecuente.
En
los centros de gasto esas situaciones surgen con especial frecuencia en tiempos
de crisis económicas que se expresan en presupuestos ajustados e irreales.
Ante
una crisis como esta, soy partidario de poner límites a lo superfluo para
consolidar lo esencial. Lo superfluo, se ha desarrollado por un déficit
planificador de tal suerte que hoy nos encontramos con instrumentos obsoletos,
muy costosos y sin utilidad que solo han respondido a intereses concretos, en
ocasiones espurios, amparados por el demagógico “todos tenemos derecho a todo y
a la puerta de casa”.
Entiéndase
bien, no estoy diciendo que poner límites sea el primer paso para otras
estrategias. Abordar los puntos débiles del sistema es hacerlo menos vulnerable.
El
Estado de Bienestar ha sido posible desde la cooperación de los tres vértices
del denominado triángulo del bienestar: el Estado, el mercado y la sociedad
civil, cada uno con su correspondiente instrumento: el poder, el dinero y la
solidaridad.
El
balance de estos tres ángulos, determina el modelo de Estado de Bienestar que
desarrolla cada sociedad.
La
globalización de las economías y de los mercados, así como el impacto de las
nuevas tecnologías plantean problemas para fortalecer las bases del progreso
social y de la solidaridad. Aunque no sea factible una política que actúe de espaldas a la realidad
internacional, no es aceptable que sea el presidente del Banco Central
Europeo quien determine, de hecho, entre
otras cosas, la limitación del gasto público, debilitando el Estado de
Bienestar, para “devolver la credibilidad de España ante los mercados de
capitales”, a la vez que sitúa en almoneda la propia soberanía española. La
coyuntura actual en materia económica viene determinada porque las
orientaciones básicas de política económica
no se toman en España y la política monetaria la establece el Banco Central
Europeo, lo que obliga a trabajar con precisión bien afinada en la defensa de
nuestro Estado de Bienestar, porque confrontamos con una institución no interesada en la
protección social, de dudosa calidad democrática que actúa resuelta y
poderosamente forzando tanto a Zapatero como a Rajoy a seguir su hoja de ruta
Por
otro lado, se tiende a transmitir la sensación de que lo que son en realidad
aspectos coyunturales de los periodos de crisis, pueden ser el rostro de una
nueva sociedad e intentan presentarse lo que son políticas de ajuste, como
recetas válidas para cualquier momento.
No
es aceptable la culpabilización al gasto público, como causa de todos los males
de la economía y desde la conveniencia de evaluar las deficiencias de los
sistemas del bienestar, se da un salto gigantesco y espectacular para
establecer la necesidad de dinamitar dichos sistemas y dar paso a un nuevo
modelo de relaciones sociales que excluye la solidaridad como valor esencial. Privatización
de los servicios públicos y reforma final que minore la recaudación del estado,
son conjuntamente con un sistema residual de beneficencia para las situaciones
de pobreza, las claves teóricas para la creación de riqueza, de quienes se
autodenominan liberales.
El
gasto público social sólo puede mantenerse mediante la consolidación de los
ingresos procedentes de la recaudación fiscal. Tanto los impuestos directos
como el IVA están estrechamente ligados a la actividad económica: rendimiento
de las empresas, inversión productiva, consumo privado y salarios.
Magnitudes,
todas ellas, no exentas de incertidumbre.
Evidentemente
al hablar de ingresos hay que recordar los que podrían obtenerse de la
corrección de todo tipo de fraude. Según recientes datos de los Técnicos del
Ministerio de Hacienda, grandes empresas y grandes fortunas concentran el 71,8%
del fraude fiscal, lo que supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones anuales,
cifra bien superior de las que se anuncian por posibles privatizaciones.
Las
demandas sociales sobre el Estado de Bienestar son crecientes y la priorización
y/o discriminación positiva de las mismas es la única estrategia razonable para
poder atender más integralmente las demandas de los sectores más desprotegidos.
Esta
fórmula puede colisionar con los intereses de los sectores sociales que
soportan el gasto público, que cada vez en mayor medida pueden adherirse a posiciones
políticas conservadoras que les prometen reducir las cargas sociales y
fiscales, privatizar la provisión y la cobertura social, alentando una cultura
insolidaria, que constituye la principal amenaza para el Estado de Bienestar.
Llegados
a este punto, los Gobiernos necesariamente han de volver la vista hacia la
sociedad civil en su conjunto, que habrá de ser quien a través de su más
caracterizado vector, cual es el de la solidaridad, module aquellos aspectos
que se vieran desde la sociedad como excesos del Estado o del mercado.
En
ese sentido, el primer paso ha de ser alentar un pacto entre la sociedad civil
y el Estado.
El
papel de la sociedad civil es crucial y dejada a su evolución natural o
inadecuadamente orientada puede conducirnos a una sociedad insolidaria,
marginadora, partidaria de la privatización de servicios esenciales, en la que
el fraude y la insumisión fiscal, la explotación de una fuerza de trabajo
precaria, la actividad laboral sumergida, la desafección del Estado y de las
instituciones democráticas y “el sálvese quien pueda” se conviertan en las
características definitorias de la nueva sociedad.
Hemos
en suma de actualizar, redefiniendo el Estado de Bienestar, adecuándolo primero
al momento de crisis con sus específicas prioridades y después a los perfiles
que definen esta sociedad.
Los
condicionantes económicos, la eficiencia distributiva y la capacidad técnica
han de ser el trípode sobre el que construyamos la salida a la situación
actual. Siempre desde el estímulo al potencial productivo y la aplicación del
esfuerzo personal como ética colectiva y garantía de equidad.
A
mi juicio será determinante acertar en la articulación de la sociedad civil
para frenar las corrientes culturales dominantes, y consolidar definitivamente
el nuevo Estado de Bienestar, afirmando el mundo platónico de las ideas.
Pedro Sabando Suárez
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