Aunque es
conveniente distanciarse para analizar con frialdad el escándalo de la
corrupción, el discurso sobre ética y política difícilmente puede encontrar un
marco más propicio que el actual.
Las
reflexiones que nos inspiran los sucesos que hoy conmueven al conjunto de la
sociedad, tienen que ser, un motivo para preguntarnos si las prácticas
colectivas responden adecuadamente a los valores, a las propuestas y, en
definitiva, a nuestra forma de entender la sociedad y a nuestro modelo de acción
política.
Cuando hoy
hablamos de corrupción nos referimos preferentemente a los escándalos políticos
que apuntan a la incoherencia personal de quienes no se someten a las normas
generales, consiguiendo un enriquecimiento económico ilícito. Quien roba
utilizando su ubicación o su trabajo en las instituciones del Estado, debe ser
considerado un delincuente, sin otras connotaciones, y debe ser perseguido por
las fuerzas de seguridad hasta ponerlo a disposición de la judicatura.
En otro plano,
pero en este ámbito hay que señalar a la incoherencia personal que no es sólo
una inmoralidad sino un atentado al sentir
democrático, en cuanto que al visualizarse a través de personajes, que
han tenido responsabilidades públicas, inducen al escándalo y a la decepción
para el conjunto de la ciudadanía; pero muy específica y dolorosamente para
aquellos que situaban a dichos incoherentes como sus puntos de referencia
democráticos.
De lo dicho se
desprende que el problema de la corrupción política habrá de atacarse en el
marco del Estado de Derecho desde un triple frente: desde la intensificación
del ideal democrático, desde la recuperación de las motivaciones éticas o
virtudes políticas, y desde el desarrollo de una legislación que grave
rigurosamente las iniciativas tramposas.
