PECULIARIDADES DE NUESTRA SOCIEDAD DUAL

En España está consolidándose la sociedad dual, esto es, dos estados dentro del Estado, compuesto uno por los ciudadanos con trabajos prósperos y seguros y el otro, por un conjunto de desempleados, marginados y empleados con trabajos precarios o insuficientemente retribuidos.

Esta configuración social se asienta en una crisis económica que está dejándose sentir con una especial intensidad y se refleja, sobre todo, en unas tasas de desempleo dramáticas.

En esta situación, no  es posible pensar en fórmulas de manual, ni parece que la etapa post-crisis vuelva a ser igual que antes de ella.

Pretender, en este contexto, un crecimiento neto sostenido del gasto social es complejo; intentar su mantenimiento, es éticamente prioritario. Las demandas sociales sobre el Estado del Bienestar son crecientes. La priorización y/o discriminación positiva de las demandas parece la única estrategia razonable.

El mantenimiento y revitalización del estado de bienestar requiere que una base social identificable apoye activamente sus propuestas de avance.

En España está consolidándose la denominada sociedad dual, esto es, dos estados dentro del Estado, compuesto uno por los ciudadanos con trabajos prósperos y seguros y el otro, por un conjunto de desempleados, marginados y empleados con trabajos precarios o insuficientemente retribuidos.

La prioridad de la lucha contra dicho diseño de sociedad forma parte de la tradición y de los imperativos éticos del Socialismo democrático.

Pues bien, esta configuración social que vemos avanzar en nuestro país se asienta en una crisis económica que se está dejando sentir con una especial intensidad y se refleja, sobre todo, en unas tasas de desempleo dramáticas. La posición subordinada de nuestro país en  el contexto económico internacional y europeo, así como el retraso tecnológico y formativo que caracteriza a nuestras estructuras sociales y productivas, hacen muy difícil el acceso a los más potentes mercados de hoy. El desmantelamiento de un aparato industrial, las dinámicas demográficas, la dudosa visión estratégica de la mayoría del empresariado nacional, las carencias en infraestructuras y la ausencia de una cultura de calidad en la producción de bienes y servicios, entre otros factores, se resumen en la quiebra del modelo de desarrollo de años anteriores, en un momento de fuerte adaptación de las economías mundiales que dificulta la emergencia de un modelo alternativo sólido.

Ello ha conducido a nuestro país a una situación en la cual mantener simplemente el nivel de población ocupada ya es un problema, lo que implica que el acceso de nuevos efectivos al mercado laboral resulta difícil.

Los impulsos estimulados, desde gabinetes socialistas, a la modernización del país combinando el desarrollo intensivo en infraestructuras con un notable acento de las políticas sociales más esenciales, en un esfuerzo global de cohesión económica y estructural, habían conseguido reducir sensiblemente el diferencial de bienestar y calidad de vida con respecto a los países de la Unión Europea.

En este sentido, hemos de subrayar los progresos realizados, que han sido
importantes tanto desde el punto de vista de la renta familiar media, como del importante incremento de la renta social.

De ello se desprende que el nivel de desarrollo de  nuestro Estado del Bienestar ha aportado a las familias españolas más confort y más seguridad; sin embargo, el perfil de la estructura social apunta en la dirección señalada en las primeras líneas de este artículo

Esta realidad expresada en el estado de bienestar tiene, además de un valor, un coste que, en momentos de recesión profunda como la actual, podría  llegar a ser complicado para la economía nacional.

Además, las cambiantes y ya bien estudiadas dinámicas sociales son difícilmente integrables a las exigencias de disciplina y rigor económico que marca la coyuntura actual. Ello termina por traducirse, lógicamente, en importantes desequilibrios e incertidumbres que exigen una fuerte adaptación de intereses contrapuestos.

Sucede todo ello en un momento histórico en el que permanece sin cerrarse el modelo constitucional, en aspectos tan importantes como el sistema de organización territorial del Estado que es un factor universal de conflicto de intereses, sobre todo en momentos de crisis económica.

Por otro lado, la persistencia de la crisis es beneficiosa para los mercados financieros que obtienen tasas de retorno sobre sus inversiones que nunca hubieran creído posibles. Las llamadas tormentas monetarias, con el verosímil objetivo de impedir o retrasar la rebaja en los tipos de interés, son un claro ejemplo de que el capital financiero de identidad especulativa está actuando activamente a favor de la mayor dilación posible en la salida de la crisis actual. La lucha entre capital productivo e improductivo se está saldando a favor de este último, lo que ocasiona dificultades a las empresa,  atenazadas por costes financieros difícilmente soportables y por cargas fiscales imprescindibles para garantizar las políticas sociales que en épocas de crisis y desempleo elevado deben actuar sobre capas de la población más extensas.

En esta situación, dicen que no es posible pensar en fórmulas de manual, ni parece que la etapa post-crisis vuelva a ser igual que antes de ella.

El gasto público social, base económica de nuestro Estado de Bienestar, sólo puede mantenerse mediante un sostenimiento o crecimiento de los ingresos, una vez desechada, por inviable, la posibilidad de un mayor endeudamiento del Estado. Los ingresos proceden de la recaudación fiscal, básicamente los impuestos directos (IRPF, Sociedades y actividades profesionales) y el IVA. Ambos están estrechamente ligados a la actividad económica: rendimientos de las empresas, inversión productiva, consumo privado y salarios, magnitudes todas ellas que parecen experimentar una caída preocupante y sus perspectivas de futuro no están exentas de incertidumbre. Evidentemente no analizo aquí los recursos que podrían obtenerse de la corrección del fraude.

Pretender, en este contexto, un crecimiento neto sostenido del gasto social es complejo; intentar su mantenimiento, es éticamente prioritario. Las demandas sociales sobre el Estado del Bienestar son crecientes. En esta situación, la priorización y/o discriminación positiva de las demandas es la única estrategia razonable.

Priorizar, desde una perspectiva de izquierdas, significaría atender más
globalizadamente, las demandas de los sectores más desprotegidos. Pero esta fórmula puede colisionar con las expectativas de los sectores sociales que soportan el gasto público. Es decir, quienes cotizando cada vez más a los seguros sociales y pagando más impuestos sostienen un sistema de protección social que atiende más ampliamente a más personas que no sufragan los costes.

Son estas amplias capas medias de la población quienes, cada vez en mayor medida, podrían adherirse a posiciones políticas conservadoras que prometen reducir las cargas sociales y fiscales y privatizar la provisión y/o cobertura social, alentando una cultura insolidaria de sálvese quien pueda, lo que constituye la principal amenaza para el Estado del Bienestar.

El que, desde posturas de izquierdas, se analice la profunda perversión de valores que se creían sólidamente asentados tal cual supone la extensión de estos posicionamientos o, incluso, el patetismo sobrecogedor ante ellos, no aporta valor a la acción política.

Quienes legitiman o deslegitiman la acción del Estado y consolidan una opción política o abren la puerta a otra diferente son los ciudadanos. Su desafección, por tanto, constituiría la principal amenaza contra la continuidad de las políticas que defienden firmemente la solidaridad y la equidad como argumentos éticos principales de la actuación política. No se trata de acomodar permanentemente las políticas a partir de los datos que arrojan las encuestas, para agradar a una mayoría inestable, pero tampoco es posible mantener la coherencia política sin el apoyo de la mayoría de la población, porque se corre el peligro de limitarse a la testimonialidad mientras la derecha conservadora desplegara, desde el gobierno, su amplia batería liberalizadora.

En este punto, es necesario volver la vista hacia la sociedad civil que habrá de ser a través de su más caracterizado vector, cuál es la solidaridad, quien module aquellos aspectos que se vivieran desde la sociedad como excesos del estado o del mercado.

El mantenimiento y revitalización del estado de bienestar como uno de los paradigmas centrales del pensamiento socialdemócrata, requiere que una base social identificable apoye activamente sus propuestas de avance. Para lograr este objetivo mayor, es necesario articular, alentándolo desde las instituciones, un nuevo pacto entre la sociedad civil y el estado, que en último extremo suponga también la redefinición del papel de ambas instancias.

Pedro Sabando Suárez