En varios artículos he
hecho referencia al llamado “desacoplamiento” de las clases medias respecto al
Estado de Bienestar; pero tengo la sensación que no he señalado con suficiente
amplitud y claridad una realidad sociológica de gran importancia en un país
como el nuestro, de manera especial en un periodo de crisis económica.
Este fenómeno hace
referencia a la dualización de la
Sociedad entre un sector activo: una clase media
confortablemente instalada en el sistema capitalista, y los sectores pasivos:
aquellos que han salido del mercado de trabajo o no han llegado a entrar nunca
en él.
En varios artículos he
hecho referencia al llamado “desacoplamiento” de las clases medias respecto al
Estado de Bienestar; pero tengo la sensación que no he señalado con suficiente
amplitud y claridad una realidad sociológica de gran importancia en un país
como el nuestro, de manera especial en un periodo de crisis económica.
Durante los últimos años,
se viene produciendo lo que en Economía Política denominan “decoupling” que
podríamos traducir como «desenganche, desconexión o desacoplamiento».
Este fenómeno hace
referencia a la dualización de la
Sociedad entre un sector activo: una clase media
confortablemente instalada en el sistema capitalista, y los sectores pasivos:
aquellos que han salido del mercado de trabajo o no han llegado a entrar nunca
en él.
Lógicamente el sector
activo es quien básicamente financia los Servicios que presta el Estado, bien
mediante el sistema fiscal, bien mediante sus cotizaciones a los sistemas de
Seguridad Social. Estas clases medias contemplan cómo van reduciéndose en
volumen relativo especialmente a causa del envejecimiento poblacional y el
desempleo estructural, de manera que cada vez menos personas financian los
servicios sociales de más individuos.
Cuando valores sociales
relevantes, como la solidaridad y la igualdad, pasan a segundo plano, tal como
sucede en los últimos tiempos, el «cemento» que cohesiona la sociedad se
reblandece y pierde consistencia. Los sectores activos miran cada vez con mayor
desconfianza a un Estado Robin Hood, que despoja de sus rentas a los activos
(los “ricos”) para mantener a los pasivos (“los pobres”). Y desde esa elemental
perspectiva no resulta extraño que cada vez goce de mayor predicamento la
propuesta conservadora de aminorar el esfuerzo fiscal, a cambio de colocar en
el mercado servicios esenciales que hoy presta el Estado (educación, sanidad,
pensiones).
Por si el componente ideológico y cultural no
fuese suficiente, la delicada situación de la educación o de la sanidad y las
incertidumbres sobre el futuro de las pensiones provoca que entre los activos
se vayan buscando soluciones privadas a la educación de los hijos, a la
asistencia sanitaria o a las futuras pensiones.
Si esta tendencia se
consolidara no se ven las razones para que este sector de la sociedad otorgara
su voto a partidos (le izquierda que ofrezcan electoralmente educación pública,
sanidad pública y un sistema (le pensiones financiado por el Estado.
Por el contrario, estas
amplias capas medias apoyarán cada vez en mayor medida las posiciones políticas
conservadoras que prometen reducir las cargas fiscales a cuyas expensas
financiarían su opción personal, alentando una cultura insolidaria del “sálvese
quien pueda”, constituyéndose en la principal amenaza para el Estado de Bienestar
y visualizando políticamente el efecto del desenganche o desacoplamiento.
Es esencial, por tanto,
para el pensamiento de izquierdas desarrollar una postura proactiva en defensa
del Estado (le Bienestar enfatizando sus propios valores para todos los ciudadanos,
a partir de tres argumentos básicos. El primero garantizar el futuro mediante
una doble actuación por un lado, establecer el nivel de inversión pública,
sobre la riqueza nacional, que el Estado esté en condiciones de permitirse y
ligar los presupuestos sociales a este objetivo, y por otro asegurar una
cartera (le servicios públicos para todos los ciudadanos con un sistema (le
garantías de estos derechos reconocidos.
El segundo argumento ha de
ser el compromiso nítido y avanzado de eficiencia y eficacia en este conjunto
de prestaciones y servicios. Proporcionar servicios de calidad a los ciudadanos
y proclamarlo es un imperativo moral y político.
El tercero y último argumento es la lucha
contra el fraude y los abusos en el sistema colectivo, de protección social,
restando cualquier matiz comprensivo con quienes defrauden o manipulen en su
favor las reglas democráticas del juego.
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