EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ( I )

La configuración del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 1986, a través de la Ley General de Sanidad y las múltiples ofensivas que ha soportado el Sistema Sanitario Público (SSP), allí diseñado, aconsejan que revisemos distintos aspectos de SNS, para recordar la realidad, y evitar nuevos equívocos.

El SSP. es un esfuerzo que merece la pena porque es de todos y para todos, porque todos los ciudadanos tienen iguales derechos y obligaciones, y acceden a él por le mero hecho de serlo.

Es el SNS, el resultado del esfuerzo de distintas administraciones públicas que han de adoptar las decisiones coordinadamente cerca de los ciudadanos, expresando que no todo en la vida encaja en la lógica económica; pero aporta estabilidad social y se ha consagrado como un sector científico y tecnológico de vanguardia.

Tony Benn, referente histórico del laborismo británico, preguntado por los logros sociales de la izquierda frente a los excesos del capitalismo, respondió: “La decisión más socialista que hemos tomado en la historia de este país resultó ser también la más popular: el Servicio Nacional de Salud”, aludía también a la necesidad de preservar la sanidad pública británica que ha sufrido el ataque continuado de los conservadores.

Pensando también en los logros de los gobiernos socialistas en España, es necesario en la actualidad evaluar la razón de ser de nuestro SNS, que algunos en nuestro ámbito no entendían y que explica la lentitud en la articulación de su estructura.

El Sistema Sanitario Público se construye con las aportaciones de todos y sirve a las necesidades esenciales de todos; no es un sistema que segrega, sino un sistema que integra a todos los ciudadanos en torno a importantes valores sociales, que parten del reconocimiento de que la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios es un derecho fundamental, que la Constitución Española recoge en su Artículo 14.

El Sistema Sanitario Público tiene su base de funcionamiento en la solidaridad; ello significa, en primer lugar, que cada ciudadano contribuye en función de sus posibilidades, mayoritariamente a través del sistema impositivo general y, en segundo lugar, significa que cada ciudadano recibe servicios y prestaciones en función de sus necesidades. Ambos aspectos se resumen en que quienes más tienen transfieren a quienes menos tienen.

El Sistema Sanitario Público, no discrimina por motivos sociales o económicos; sólo discrimina en función de las necesidades de salud, asignando mayores recursos a quienes tienen mayores necesidades. Es un sistema equitativo, porque ante la enfermedad y en la salud, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Y las mismas obligaciones.

El único requisito para acceder plenamente a las prestaciones y servicios del Sistema Sanitario Público es ser ciudadano español; no depende de la situación laboral, de la cotización a la Seguridad Social o de la declaración de la renta: por eso, hablamos de que la protección de la Salud y el acceso a los Servicios Sanitarios es un derecho Ciudadano.

Para estar protegido por el Sistema Sanitario Público, no es necesario realizar ningún reconocimiento médico previo; no se excluye a nadie, ni se fijan tarifas más elevadas por pertenecer a grupos de riesgo o por presentar condiciones de salud que exijan fuertes gastos (trasplantes, diálisis, tratamientos crónicos ), no existen pólizas de primera y de segunda, no hay prestaciones o tratamientos vedados a nadie, no hay períodos de carencia, es decir, que no es necesario haber cotizado un tiempo determinado para empezar a tener ciertos derechos, tampoco vence o caduca, ni es necesario renovarlo cada cierto tiempo; y, sobre todo, en épocas en las que una familia puede atravesar problemas económicos graves y ver menguados fuertemente sus ingresos, el seguro sanitario público, no deja tirado a nadie: acompaña y protege al ciudadano desde que nace, hasta que muere.

La salud no es el resultado de la acción del Sistema Sanitario; es el resultado de múltiples factores: la educación y el nivel cultural, la vivienda, los hábitos de alimentación e higiene, la protección social... Por eso, el Sistema Sanitario Público sabe que debe cooperar con todas las Administraciones Públicas para que, cada una según su especialización funcional, el esfuerzo conjunto sea algo más que la suma de los esfuerzos aislados.

El Estado de las Autonomías establecido en  la Constitución Española se aplica al Sistema Sanitario Público en la Ley General de Sanidad, que prevé que la atención a  los ciudadanos las sostengan los Servicios Regionales de Salud, todos ellos incardinados en el Sistema Nacional de Salud. Sólo las grandes decisiones estratégicas y aquéllos aspectos que compongan políticas estatales deben ser asumidos por la Administración Central.

Este modelo territorial descentralizado, no quiebra los principios de Equidad y Solidaridad, porque parte del reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos de diferentes territorios en cuanto al acceso a las prestaciones y servicios reconocidos por igual a todos ellos. Al mismo tiempo, las grandes decisiones en materia de política y gestión sanitarias deberían adaptarse coordinadamente  en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que participan, conjuntamente con la Administración Sanitaria Central, las 17 Administraciones Sanitarias Autonómicas.

El equilibrio en el seno de las grandes instituciones sociales siempre es delicado; pero en el caso del Sistema Sanitario Público es más singular, porque se fundamenta en valores comunes, aceptados y defendidos por la gran mayoría de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios, así como por las Administraciones Públicas implicadas. Estos valores conforman una cultura común que ha de orientar las decisiones, tanto estratégicas, como del día a día.

Para el Sistema Sanitario Público, como para todos los servicios de titularidad pública, la lógica financiera es muy importante, porque es su garantía de supervivencia; pero no todas las decisiones se soportan en esta lógica. La relación coste/beneficio, medida en términos económicos -e, incluso, sanitarios- aconsejaría en infinidad de ocasiones suspender programas y prestaciones, o no establecer dispositivos asistenciales, por ejemplo, en zonas de escasa densidad de población.

Pero existe otra lógica, la ética, que orienta al sistema: el Estado ha firmado un pacto tácito con los ciudadanos, por el que se obliga a prescindir de la orientación puramente económica, allí donde estén en juego valores que son importantes para que nuestra sociedad pueda calificarse cómo socialmente avanzada. En este sentido, compite en desigualdad de condiciones con la iniciativa privada, que solamente arriesga inversiones donde es posible esperar beneficio. Y ello es, precisamente, porque la ética orienta -antes que nada- su toma de decisiones. Y el Sistema Sanitario Público ha de estar orgulloso de ello.

El Sistema Sanitario Público no puede regirse por las modas, ni inventarse cada día; una de sus principales virtudes es que sus usuarios saben qué pueden esperar de él y este sentimiento de seguridad, tan importante para las familias, no puede ser objeto de permanente revisión. El Sistema Sanitario Público debe estar, en sus aspectos esenciales, por encima de las coyunturas políticas y económicas y ello exige una gran consolidación interior y exterior. De ahí que las grandes decisiones -ésas que no tienen que ver con la gestión diaria y que afectan al contrato que el Estado tiene firmado con todos los ciudadanos- deben adaptarse a través del máximo consenso posible, para que puedan ser interiorizadas por todos los afectados.

Nuestro país tiene un importante déficit tecnológico, sin embargo, el potencial tecnológico y científico del sector sanitario -y en su mayor parte, del sector sanitario público- está a la vanguardia de los sectores productivos nacionales. Se ha calculado que consume el 40% de los recursos y actividades de Investigación y Desarrollo del conjunto del país y ello se traduce no sólo en instalación de máquinas más o menos complejas, sino, sobre todo, en la enorme capacitación de los profesionales que están detrás de ellas. Los profesionales que prestan servicios en el Sistema Sanitario Público acumulan lo que posiblemente sea el mayor potencial científico del país. Y ello, no sólo como apuesta de futuro, sino como realidad presente puesta incondicionalmente al servicio de la ciudadanía.