martes, 1 de abril de 2014

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (II)

La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años.

Exige, por ello, nuevos esfuerzos para armonizar mejor los diferentes puntos de vista, para entender la realidad y adaptarse mejor a las nuevas exigencias, para pensar el futuro en lugar de ser arrastrados por él, para innovar y crecer, para garantizar la adecuación de las previsiones financieras, así como extraer la mayor rentabilidad a cada euro invertido, en el horizonte de buscar la mayor utilidad social.


Las estructuras sanitarias están formadas por diferentes grupos profesionales que implica la existencia de diferentes puntos de vista e intereses que, con ser legítimos, si no son adecuadamente tratados pueden bloquear su funcionamiento como sistema organizado.

 Hoy en día, no existen organizaciones que no hayan asumido la necesidad de desarrollar relaciones dentro del sistema, que permitan cohesionar a los diferentes grupos en torno a un núcleo de valores fuertemente interiorizados.

 La vertebración del sistema es una necesidad inaplazable; en un sistema bien vertebrado, la negociación es permanente (todos los intereses son legítimos y discutibles), pero ha de respetarse el equilibrio necesario para que las coyunturas no malogren la misión de la organización, aquello que le da razón de ser, justifica la inversión social y los puestos de trabajo que crea y mantiene.

La salud no es un resultado casual o algo aleatorio; tampoco es la resultante de un esfuerzo aislado, ni algo que permanezca, en sus causas y condicionantes, estático a través del tiempo. Por el contrario, es posible articular medidas que reviertan en mejor salud y que compongan -con coherencia y visión estratégica- una Política Sanitaria que, partiendo de un conocimiento detallado de la realidad y de un nivel de consenso lo más amplio posible, plantee los principales problemas que afectan a la salud de los ciudadanos, a los servicios sanitarios y proponga las medidas consideradas más adecuadas para su solución.

Las políticas reactivas -esa forma de actuar que se limita a responder según los problemas van surgiendo- son muy negativas; las organizaciones que tienen vocación de sobrevivir y crecer no pueden limitarse a esperar que el futuro pase por ellas, sino que deben apostar decididamente por ser ellas mismas parte relevante de su propio futuro.

 Ello se traduce en la necesidad de que el Sistema Sanitario Público, en todos los ámbitos de su actuación, sea capaz de actuar a medio plazo, diseñando políticas estratégicas sólidas que vayan más allá del día a día, sin que ello signifique el deterioro de sus actividades diarias. La Orientación Estratégica es importante para evitar que las convulsiones políticas o económicas amenacen los importantes valores que representa.

Es difícil negar que el entorno económico dificulte enormemente, no ya el crecimiento, sino el propio mantenimiento del Sistema Sanitario Público. Los problemas financieros y las fugas de eficiencia hacen que algunos sectores cuestionen la idoneidad del modelo, incluso asumiendo que es el más adecuado para sostener los valores sociales y sanitarios más relevantes.

 Paradójicamente, en instituciones complejas como el Sistema Sanitario Público la única garantía de supervivencia es el crecimiento, el desarrollo; es necesario, por tanto, una gran pacto entre el sistema sanitario y los ciudadanos, a través del cual se garantice el desarrollo incesante del sistema. El coste en inversiones que pueda representar debe ser sufragado desde el conocimiento compartido.

Ello implica un pacto económico, a través del cual se garantice la suficiencia financiera para la oferta de servicios y que, como contrapartida, exija la mayor eficiencia y eficacia, por un lado, y el ajuste a las previsiones presupuestarias, por otro. Este pacto ha de ser garantía de estabilidad y suficiencia, así como de viabilidad financiera del Sistema.

Una vez asegurada la suficiencia financiera en las asignaciones presupuestarias, el Sistema Sanitario Público debe orientar sus estrategias a garantizar la máxima eficiencia económica de sus actividades. Ello significa racionalizar las operaciones internas y los recursos, estimular los comportamientos eficientes y desarrollar sistemas adecuados de evaluación económica del gasto.

Son los profesionales -sobre todo, los médicos- quienes, en sus decisiones diarias, determinamos cuánto, en qué y cómo se gasta; ello obliga a desarrollar una estrategia de cooperación con los mismos, para que la necesaria racionalidad financiera sea compatible con el respeto escrupuloso a su libertad de juicio y su autonomía decisoria en beneficio de los pacientes.

Los  recursos deben de ser necesariamente rentables, pero no sólo en términos económicos, sino, también en términos sociales.

En todo el mundo desarrollado se cuestiona hoy en día la eficacia sanitaria de múltiples procedimientos que, siendo costosos en su mantenimiento, no parecen aportar valor sanitario relevante a la salud de la población. El avance de la Ciencia y la Tecnología hace que los ciudadanos depositen en la Medicina cada vez mayores expectativas, que no siempre son satisfactibles.

El Sistema de Salud, debe ordenar sus líneas de actividad en una perspectiva más autocrítica de lo que ha venido dándose hasta el momento; los avances científicos deben ser necesarios, útiles, seguros, socialmente productivos y humanos, para aportar valor añadido a la sociedad. Y lo que no aporta valor añadido es siempre demasiado costoso.


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