EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (III)

El Sistema Sanitario Público ha de estar a la altura de los tiempos, para acabar con el mito de que “lo público es ineficiente”. No puede el sistema conformarse con lo simplemente aceptable y ha de aspirar a lo mejor; pero será necesario para ello hablar con claridad a los ciudadanos sobre los problemas comunes, que permitirá abordar las modificaciones necesarias para ofrecer soluciones y en definitiva liderar decididamente por los propios empleados públicos y su representación sindical y profesional un escenario social transformador.

No es posible imaginar un servicio público tecnológica y socialmente avanzado sostenido por una estructura obsoleta. El Sistema Sanitario Público debe alcanzar un compromiso de modernización de sus estructuras, para ajustarse mejor a las demandas crecientes -en cantidad, pero también en calidad- de los ciudadanos de un país moderno y avanzado.

 Los instrumentos operativos de hoy en día, deben ir siendo sustituidos progresivamente por otros más flexibles y adaptables, que se acerquen al ciudadano, en lugar de esperar que los tiempos y expectativas de éstos encajen forzadamente dentro de procedimientos, circuitos y sistemas lentos y formalistas, que el estado autonómico ha hecho especialmente complicados.

Resulta manifiestamente imposible desarrollar programas y sistemas organizativos que acerquen las disponibilidades del sistema a las expectativas de los ciudadanos (libertad de elección, accesibilidad
adecuada, segunda opinión) principalmente a causa de la obsolescencia de los sistemas administrativos en que debe desenvolverse el Sistema Sanitario Público.

Sin embargo, esta modernización no es posible únicamente mediante reformas legales y reglamentarias, sino que exige un cambio cultural profundo que sea, no ya aceptado, sino liderado por los propios empleados públicos del sistema y su representación sindical y profesional.

Es éste un apasionante terreno de encuentro que comienza a abrirse para obtener entre todos un sistema mas eficaz y moderno, que estaba en la cabeza del legislador  de la Ley General de Sanidad; pero pese a la descentralización de competencias no ha llegado a cumplirse, aunque los Sistemas Regionales de Salud sean más abordables que el mastodóntico sistema centralizado.

Existe un mito bien extendido que afirma que lo público es ineficiente, aunque más justo y ético; este reparto de papeles (lo público, justo; lo privado, eficiente) no tiene bases científicas. El Sistema Sanitario Público debe modificar sus hábitos de funcionamiento, porque la separación radical entre lo ético y lo eficaz cada vez es menos aceptada por los ciudadanos, que exigen ambas condiciones al tiempo.

Desde una perspectiva amplia, el Sistema Sanitario Público puede desenvolverse con niveles de eficiencia similares o superiores a los de las mejores empresas privadas; no existe ningún impedimento esencial, porque el potencial profesional, tecnológico, de equipamientos e instalaciones es sumamente competitivo. Falta el toque organizativo que sea capaz de integrar sinérgicamente  a todos los miembros del sistema en torno a objetivos claros y definidos; que afirme las competencias esenciales de la organización y las desarrolle para que cada una de ellas aporte valor añadido a la cuenta social de resultados. Y no sólo es posible, sino inaplazable.

Es necesario que cada empleado del Sistema Sanitario Público, ocupe el lugar que ocupe en su estructura, y empezando, desde luego, por sus cuadros directivos, contemple sus actividades diarias como algo manifiestamente mejorable.

 Resultaría sorprendente comprobar cómo la iniciativa de los empleados y profesionales, en un entorno flexible, es capaz de detectar, plantear y dar soluciones a problemas, grandes y pequeños, que hoy se presentan. Sin embargo, la iniciativa es hoy un valor demasiado cohibido. El sistema debe desplegar ambiciosamente sus capacidades y estas capacidades no están ubicadas sino en sus profesionales y empleados, que son su principal activo; no es posible hoy renunciar a la excelencia como filosofía organizacional y profesional, porque en ello va en juego el futuro de la propia organización.

En las sociedades organizadas democráticamente, los ciudadanos son representados a través de las instituciones legales, pero ello no debe evitar que existan fórmulas participativas directas en aquellos ámbitos de la vida social que –como los servicios públicos- poseen un impacto profundo en su calidad de vida.

Ampliar la participación directa de los ciudadanos en el Sistema Sanitario Público es una ambición que, sin embargo, no ha sido adecuadamente resuelta en ningún país desarrollado; parecen ser necesarias una alta creatividad e imaginación para desarrollar fórmulas innovadoras que, sin usurpar a los órganos democráticos constitucionales sus competencias de dirección y control, involucren decisivamente a los ciudadanos en algo que es suyo y que a ellos, como a nadie, preocupa y atañe.

El Sistema Sanitario Público se ve atenazado, con frecuencia, de un cierto pesimismo histórico que cohíbe buena parte de sus capacidades; este estado de ánimo debe ser cambiado por altas dosis de confianza en el enorme valor social que aporta y que a veces siente que no es adecuadamente reconocido.

 No se puede negar que existe algo de verdad en esta sensación: los ciudadanos son cada vez más exigentes, las demandas, cada vez mayores y más cualificadas y los problemas, cada vez más complejos; en contraposición, el clima económico no es el idóneo y el marco administrativo y cultural en el que debe desenvolverse a veces ayuda poco en los esfuerzos de mejora.

Sin embargo, es precisamente la conjugación del alto valor social que aporta y de las enormes capacidades científicas, tecnológicas, humanas y materiales que acumula, lo que puede permitirle, en un marco político y social adecuado, adoptar una posición de liderazgo social transformador.

Ello exige dos cosas: una, primera y posiblemente la más compleja, la integración de todos sus componentes en torno a los grandes objetivos, siempre intentando adoptar las estrategias de garantía incondicional de servicios de calidad y de compromiso de financiación interna a través de políticas de eficiencia; la segunda condición es la creación de un marco organizativo, jurídico y humano capaz de proporcionar a la organización capacidad de respuesta ante los problemas, orientación estratégica ante el futuro y unas relaciones incentivadoras y estimulantes con los profesionales y empleados públicos que deben, en definitiva, ser quienes asuman ese liderazgo social transformador.